Lo que no tiene nombre no existe o, al menos, no se reconoce. Y si no se reconoce, es imposible defenderse de ello. De ahí que los grandes pensadores, al acuñar definiciones nuevas, nos den herramientas valiosas para comprender e interactuar con la realidad.
Uno de tales pensadores es (a mi juicio) Colin Crouch, que acuñó el término posdemocracia para describir sistemas políticos producto de la decadencia de la democracia. Un concepto que, me temo, encaja bastante con lo que ha quedado de nuestro otrora casi modélico Régimen de la Transición.
¿Y qué es una posdemocracia? Sencillamente, lo que queda cuando la democracia se convierte en un decorado. Se mantiene la carrocería, pero la maquinaria está parada. Permanecen las instituciones y los procedimientos; y se conservan —esto quede claro, pues las posdemocracias no son dictaduras, sino oligarquías de facto— los derechos civiles y políticos, pero como simples rituales con poca trascendencia real. Mucho es envoltorio, con casi toda la sustancia evaporada.
Sobre el papel, España es una democracia plena. ¿Acaso no votamos periódicamente, tenemos parlamento, leyes, tribunales? Sin embargo, cada vez más ciudadanos sienten que lo son solo de nombre. Se acude a las urnas, ¿para qué?, si después la impresión general es que las decisiones las toman actores ajenos al común, en esferas de poder opacas. Tal distancia entre el decorado democrático y la experiencia real ciudadana es uno de los grandes síntomas que delatan la posdemocracia.
En el guiñol posdemocrático, los engranajes giran en la nada. La acción real se ha desplazado a esferas de poder económico y mediático. Se debate en el Parlamento, pero muchas leyes son fruto de componendas, pactadas a espaldas de los ciudadanos que subordinan el interés general a objetivos partidistas. Los partidos son máquinas de buscar el poder. La política deviene espectáculos en los que la deliberación pública ha cedido el paso a los zascas.
Los estigmas resultan visibles en nuestro sistema. La partitocracia reduce al ciudadano a mero espectador sin capacidad política real. El parlamentarismo se degrada en enfrentamientos, en los que lo único que cuenta es ganar la batalla del relato. La agenda política se refugia en banderas identitarias que ocultan problemas tan graves como los de la vivienda inaccesible, la decadencia de los servicios públicos, o la coyuntura productiva y laboral. Y la ciudadanía, empujada a las gradas, como en el circo romano, vitorea o abuchea, sumida en la ilusión de decidir algo, más allá de la caída en desgracia de este o aquel personaje público.
Este vaciamiento de la democracia tiene consecuencias. La confianza en las instituciones se erosiona y, con ello, se disuelve el pegamento de la convivencia. Cunden la rabia en unos y la apatía en otros (lo que Crouch llamó ciudadanía negativa y ciudadanía pasiva). Crece la polarización, menos por diferencias ideológicas reales que por las estrategias de trinchera de los partidos. El bloqueo institucional impide las reformas necesarias y, en un caldo de cultivo así, florecen los populismos que prometen devolver la voz al pueblo, aunque a menudo solo agravan las fracturas.
Y ojo con esto último. Porque, lo mismo que la democracia ha dado paso a la posdemocracia en España y otras naciones europeas, podemos ir todavía más abajo. ¿Estamos a tiempo de revertir el proceso? Puede, pero desde luego no con parches o reformas. Se necesita ya algo más. Mucho más. Hay que refundar la democracia, recordando siempre que la política no debe ser el juego de unas élites, sino la herramienta mediante la que toda una sociedad decide su destino colectivo.
Estamos en una encrucijada, nos guste o no. O refundamos nuestra democracia o aceptamos ser comparsas de esta farsa. Y no nos engañemos: las democracias no suelen morir de golpe, sino por progresivo desgaste. Se vacían más y más, hasta que, antes o después, alguien llena el hueco con otra cosa.