Las imperfecciones obvias de los distintos sistemas electorales tradicionales han llevado a innovaciones más o menos interesantes, como por ejemplo el voto cuadrático, del que ya hablé en otra entrada. Algunos de esos métodos se han implementado, hasta cierto punto, en diversos procesos y lugares, en tanto que otros, de momento, no pasan de la fase de experimentos aquí y allá. Uno de estos últimos es el método de los vales democráticos, Democracy Dollars en una de sus denominaciones originales.
Los vales democráticos parten de una idea tan sencilla como atractiva, ya que el Estado entrega a cada ciudadano una pequeña cantidad de dinero público que este puede asignar al candidato de su preferencia. De esta forma, la capacidad de financiar campañas deja de estar reservada a quienes poseen recursos suficientes para realizar donaciones, puesto que todos los ciudadanos con derecho a voto disponen de la misma cantidad y todos pueden decidir su destino. Aclaro que, aunque me parecen meritorios los esfuerzos por encontrar distintas soluciones que hagan avanzar la democracia, este sistema no cuenta con mis simpatías, y voy a explicar por qué.
Aunque el método parece impecablemente democrático, parte de un error al considerar que repartir por igual la capacidad individual de otorgar implica repartir de manera más igualitaria el poder político, cuando no tiene por qué ser así. Los vales democráticos se usaron en Seattle, Estados Unidos, en las elecciones municipales a partir de 2017. Cada residente recibe cuatro vales de veinticinco dólares, que puede entregar a candidatos participantes sometidos a determinadas reglas de financiación y gasto. En aquella primera convocatoria, algo más de diecinueve mil personas otorgaron alrededor de setenta y dos mil vales, mientras que en la de 2023 participaron unos treinta mil residentes y se entregaron cerca de 2,4 millones de dólares a las campañas. El programa ha ampliado la participación económica de ciudadanos que probablemente nunca habrían hecho una donación electoral, y ese es un resultado real que no debe desdeñarse, pero una cosa es multiplicar el número de financiadores y otra muy distinta equilibrar la competición entre quienes reciben el dinero. Los vales pueden democratizar el acto de donar y, al mismo tiempo, concentrar sus efectos.
Se ilustra bien con un ejemplo. Imaginemos que el Estado español decidiera apoyar el deporte entregando veinte euros a cada ciudadano para que los asignase al equipo de fútbol que prefiriera. El procedimiento sería formalmente igualitario, puesto que todos recibiríamos exactamente la misma cantidad y nadie podría aportar más que los demás con cargo a ese fondo público. El resultado, sin embargo, sería bastante previsible: el Real Madrid y el Barcelona recibirían una parte enorme del dinero, seguidos a distancia por el Atlético de Madrid, el Athletic, el Betis y algunos otros clubes con masas sociales extensas, mientras que los equipos pequeños obtendrían cantidades mucho menores, por lo que el sistema no reduciría las diferencias económicas existentes, sino que probablemente las aumentaría. Y eso no ocurriría porque los aficionados del Madrid o del Barcelona poseyeran vales de mayor valor, sino porque esos clubes tienen más seguidores, marcas más poderosas, mayor presencia pública y una capacidad muy superior para movilizar fidelidades ya formadas. Un reparto perfectamente igual entre individuos produciría una concentración profundamente desigual entre organizaciones.
Con los partidos políticos podría suceder lo mismo, ya que los grandes partidos españoles cuentan con millones de votantes habituales, afiliados, militantes, agrupaciones locales, cargos públicos, bases de datos, presencia mediática y una marca reconocible. No necesitarían convencer a los ciudadanos para que los financiaran después de comparar programas, candidatos y necesidades, sino que les bastaría con movilizar a quienes ya se identifican con ellos. Muchos ciudadanos entregarían el vale al mismo partido al que votan, del mismo modo que un aficionado entregaría los veinte euros al club del que ha sido seguidor toda su vida. No actuarían como pequeños inversores interesados en mejorar la pluralidad del sistema, sino como partidarios, porque la política posee también sus forofos, y un forofo no distribuye recursos para equilibrar una competición, sino que los concentra en los suyos. El vale se convertiría así en una segunda papeleta, puesto que el ciudadano apoyaría primero económicamente a su partido y después lo apoyaría electoralmente. Si las subvenciones ordinarias continuaran dependiendo, además, de los votos y escaños obtenidos, las organizaciones mayoritarias acumularían varias ventajas procedentes de una misma preferencia: recibirían más vales, más votos, más representación y más financiación pública vinculada a sus resultados.
El supuesto instrumento igualador podría terminar concediendo a los grandes una nueva fuente de ingresos. La parte del león iría a esas grandes estructuras especializadas en ocupar cargos públicos, repartir puestos internos y perpetuarse. A los dinosaurios. A todo ello debemos añadir la desigual capacidad de recogida. Un partido consolidado puede movilizar sus agrupaciones, organizar actos, desplegar campañas en las redes y recordar a sus votantes que le asignen los vales, mientras que una candidatura nueva debe realizar una tarea mucho más difícil, puesto que primero ha de darse a conocer, después debe explicar sus propuestas y, finalmente, convencer a cada ciudadano de que le entregue el dinero necesario para comenzar a competir.
Los vales igualan al ciudadano aislado, pero dejan intacta la desigualdad entre las estructuras que tratan de captar recursos. Esa es una debilidad frecuente en los diseños democráticos: suponer que repartir unidades iguales equivale a distribuir poder de forma igualitaria, cuando el poder no depende solo de cuánto recibe cada individuo, sino también de la capacidad de las organizaciones para orientar y concentrar las decisiones individuales. Esto no significa idealizar el modelo español actual, que concede tremendas ventajas a los partidos establecidos. Significa, más bien, que, en un panorama así, los vales democráticos, tal como están concebidos en la actualidad, podrían reproducir esa desigualdad e incluso aumentarla.
Respecto al sistema de los vales en sí mismo, se presenta como una forma de democratizar la financiación, pero no contiene ningún mecanismo que garantice una competición más abierta. Puede aumentar el número de ciudadanos que participan económicamente y, al mismo tiempo, reforzar a las organizaciones que ya dominan el espacio político. Se podrían establecer topes o reservas para candidaturas nuevas, pero entonces surgiría una contradicción, porque cuanto más se respetara la decisión libre de los ciudadanos, mayor sería el riesgo de concentración, mientras que cuanto más se corrigiera el resultado para favorecer el pluralismo, menos decidirían realmente los ciudadanos sobre el destino del dinero.
Quede claro que la intención de los vales democráticos es corregir una desigualdad verdadera: la de que no todas las opciones cuentan con la misma capacidad económica para influir en las campañas. Pero este sistema en concreto puede reproducir esa otra desigualdad, muy real, que existe entre organizaciones poderosas y opciones apenas conocidas. Una persona, un vale garantiza igualdad formal entre donantes, pero no garantiza igualdad entre competidores. Allí donde existan grandes partidos con militancias organizadas y lealtades estables, el dinero público seguirá el mismo camino que los votos, y así el sistema que pretendía repartir influencia puede acabar financiando a quienes ya la poseen.
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